Repudio: nueva Ley permite la utilización de tóxicos y da luz verde a la megaminería en Mendoza

Cientos de mendocinos y mendocinas se concentraron en la Legislatura provincial, pero de nada sirvió, el pasado viernes, en una sesión exprés de ambas Cámaras modificaron la histórica Ley que protegía el agua en Mendoza y habilita la megaminería contaminante en la provincia. Los cambios dieron vía libre al uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en emprendimientos mineros. «Desde el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular expresamos nuestro repudio a la modificación de la Ley  7722 de la provincia de Mendoza que se realizó en tiempo récord el 20 de diciembre
Fundamentamos nuestro rechazo en las siguientes razones:
– La modificación permitirá el avance de la megaminería en la Provincia y abrirá la puertas para que la multinacionales mineras desembarquen y profundicen el saqueo.
– La Ley N.º 7722 es un emblema de la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios y su agua y ninguna de las condiciones que permitieron su aprobación se ha modificado.
– Por el contrario la provincia atraviesa estos últimos años una crisis hídrica que se agravará sin lugar a dudas de avanzar estos proyectos extractivos.
– Desde el Foro Agrario hemos convergido más de 50 organizaciones para construir “Una Argentina con Soberanía Alimentaria, apostamos a un modelo de producción diferente, agroecológico, no extractivo, sano; en territorios integrados social, económica y culturalmente que constituyan un hábitat sostenible para todas y todos”. El extractivismo minero es una de las grandes amenazas para la Soberanía Alimentaria y para la posibilidad de producir alimentos saludables localmente.
– Las principales fuentes de generación de recursos que tiene la provincia, como son la producción agrícola y el turismo se verán amenazados por el avance de la megaminería.
– En nuestro documento fundacional hemos sostenido que “Nuestros territorios no pueden ser zonas de sacrificio en función de las necesidades y demandas de los centros de poder global; debemos ser las propias comunidades las que decidamos el destino de eso que el mercado llama “recursos” y nosotras y nosotros llamamos bienes comunes naturales”. Esas comunidades son las que desde hace años vienen defendiendo la vigencia de la Ley 7722.
– Defendemos el Derecho Humano al Agua y no como mercancía y el uso que realiza la actividad minera del agua junto a las toneladas de residuos tóxicos que produce representa, como ya se ha demostrado en múltiples situaciones, una amenaza que no podemos permitir».
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