Investigarán a empresarios del sur de conurbano por la causa Panamá Papers
Publicado: 03-10-2016
El fiscal federal de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, requirió investigar a 12 empresarios de las localidades bonaerenses de Adrogué, Burzaco, Lanús y Ezeiza, que tendrían empresas off shore en los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes Británicas y Seychelles.
El requerimiento de instrucción se produce a raíz los datos publicados por la investigación periodística denominada “Panamá Papers”, tras los documentos filtrados por el estudio Mossack y Fonseca.
Los empresarios del sur del conurbano sobre los que se requirió investigación son Carlos Luciano Begue, Liliana Alicia Rodofili, Alejandro Luis Begue, Fernando Carlos Begue, Mariela Bettina Begue y Sergio Augusto Begue, todos ellos vinculados al consorcio Mantuana S.A. También de Daniel Osvaldo Bootz, supeustamente conectado con el consorcio Barkwith Group Limited de las Islas Vírgenes Británicas; Nelson Rubén Casado, relacionado con Silver Dragon International, de las Islas Seychelles; Javier Adrián Pellegrini, vinculado a YelowTown lnvestments Group S.A; Rodolfo Orlando Fernández y Viviana Sosa de Fernández, por su vínculo con Soday Corp, y Armando Donato Cianfagna, conectado con Franber Corporation.
El fiscal pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas, el “levantamiento del secreto fiscal, búrsatil y bancario” de los empresarios; un informe a la Unidad de Información Financiera (UIF) donde “se analice todo reporte de operación sospechosa (ROS), como así también todo reporte sistemático mensual (RSM)” y el requerimiento a las unidad financieras de otros países, en especial de Panamá.
El fiscal federal consideró que “existe mérito de sospecha”, en principio, del delito de lavado de activos de origen delictivo y posible evasión.
“El carácter de sociedad offshore revela que se trata de una sociedad constituida en fraude a las leyes nacionales, dado que las personas que operan dicha sociedad eligieron crear un ente en otra jurisdicción para beneficiarse de un régimen de subreglamentación y opacidad, que permite obrar en la clandestinidad”, sostuvo el dictamen de Gómez Barbella.