Casanello impedido de llevar a juico oral a Lázaro Báez y a su familia

La Sala II de la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido del juez Sebastián Casanello de elevar a juicio oral la primera parte de la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez y su familia y avaló la posición de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El organismo dependiente del Poder Ejecutivo expresó: «En tanto consideró que no se producir el cierre de la etapa de instrucción –ni aún parcialmente- sin que se avance en la imputación por la totalidad de las maniobras denunciadas, de manera tal que los hechos por los que se encuentran procesados no sean juzgados desvinculados unos de otros, porque esas prácticas hasta aquí probadas son sólo algunas de las tantas formas que utilizaron».

Por su parte, el tribunal de la Cámara Federal integrado por Eduardo Farah y Martín Irurzun rechazó la elevación a juicio oral al sostener que «el progreso en los distintos aspectos que se investigan en la causa se encontraban desbalanceados». Los camaristas lo consideraron «inconveniente» y hasta «riesgoso» y que en el expediente se debe especificar qué parte del lavado de activos provino de las obras públicas que Báez recibió del Estado nacional.

Entre otros argumentos, consideró que «nada se avanzó en este expediente en torno a la vinculación de los fondos a disposición del grupo con la irregular concesión de la obra pública a las empresas formadas por los -hasta aquí- principales imputados, en base a sus relaciones personales y comerciales con quienes ejercían los más altos cargos ejecutivos en el poder de turno, ni tampoco el juez receptó suficientemente el avance que sí se dio al respecto en la denuncia de Vialidad Nacional, que quedara registrada bajo el n° CFP 5048/16 –donde se procesó a Cristina Fernández y a Lázaro Báez».

Casanello, a cargo de la causa, consideró el año pasado que ya estaban cerrados tres tramos de la investigación por lavado y les pidió a las partes del caso que opinen sobre su envío a juicio oral. Se trata del caso en que Báez, su hijo Martín y el contador Daniel Pérez Gadín, entre otros, están procesados por los u$s 5 millones que aparecen contando en la financiera SGI y por el depósito de u$s 33 millones en Suiza, que volvieron al país en bonos de la deuda argentina. En la causa también están procesados Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Carlos Molinari.

El magistrado tiene demostrado el circuito del lavado de activos, la salida del dinero y su ingreso a través de la compra de inmuebles o bonos. Además, el juez espera los informes de la banca suiza donde reconocieron la existencia de cuentas pertenecientes a los familiares de Báez.

Hace poco, tanto la AFIP como la Oficina Anticorrupción, cambiaron su posición de oponerse al elevamiento a juicio y avalaron la posición de Casanello. En el mismo sentido se manifestaron las defensas de Báez, sus hijos y de los empleados de Austral Construcciones.

Asimismo, tampoco existió pedido del fiscal Guillermo Marijuán, quien tiene a su cargo la investigación contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros ex funcionarios por la contratación de la obra pública.

Llama la atención que la misma Sala II sea la misma que esta semana le exigió a Casanello que circunscriba la investigación contra la familia Macri en el caso «Panamá Papers» y no amplíe a otros delitos. Ahora, los mismos camaristas piden otra cosa en la causa contra Báez para que no sea elevada a juicio oral.