Causa «Los Sauces»: CFK apeló el procesamiento por asociación ilícita

La expresidente Cristina Fernández apeló el procesamiento del juez federal Claudio Bonadío por «asociación ilícita» y «lavado de activos» en la causa denominada «Los Sauces», ante la Cámara Federal. Junto con el procesamiento, la exmandataria apeló el embargo que le trabaron por $130 millones y la prohibición para salir del país.

En la presentación, el abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, calificó el proceder de Bonadío de «desconcertante» e «ilegítimo» ya que dictó 21 procesamientos el pasado 4 de abril y, luego, se declaró incompetente en la causa, que será derivada al Juzgado de Julián Ercolini, que investiga el caso «Hotesur».

«Resultaba claro que no era competente para entender en la causa», apuntó Beraldi en la apelación presentada este mediodía, que será analizada por los camaristas de la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler.

En la presentación, se advierte que la ex mandataria llegará hasta tribunales internacionales ante la «inusitada gravedad del caso». «En los últimos tiempos, la necesidad de dictar resoluciones ‘judiciales’ direccionadas a ocasionar estrépito en la opinión pública hizo que, lisa y llanamente, se quebraran sin pudor las más elementales reglas de garantía que establecen la Constitución Nacional», apuntó el escrito.

La defensa de Cristina Fernández cuestionó el procesamiento por asociación ilícita sosteniendo que tal imputación es producto de la «relevancia pública» el caso.

«Se ha tornado popular la idea de calificar a cualquier conducta en la que puedan intervenir un número igual o mayor a tres personas de cierta relevancia pública como constitutiva del delito de asociación ilícita e, incluso, para ser aún más peyorativo, recurrirse al segundo elemento normativo que prevé el tipo penal en cuestión, hablándose directamente de la existencia de una ‘banda’. Así ocurre en el caso», indicó Beraldi en el escrito apelatorio.

El abogado sostuvo que Bonadío llevó a cabo una «asignación de roles totalmente antojadiza y arbitraria» al asignarle a Cristina Fernández el rol de «jefa» de la asociación ilícita que se conformó para concretar la maniobra de lavado de activos a través del falso alquiler de habitaciones de los hoteles administrados por «Los Sauces». «No se condice con ningún tipo de razonamiento lógico, fáctico ni jurídico», sostuvo Beraldi.

«De hecho, en línea con los desvaríos que se vienen señalando, casi la mitad de los 21 partícipes de la asociación serían sus jefes u organizadores», agregó. El letrado también apelará el procesamiento de los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, el próximo lunes.

«Merece una especial mención el caso de Florencia Kirchner, quien, en mayo del año 2003, tan sólo contaba con 12 años de edad y recién había alcanzado los 16 años cuando Los Sauces S.A. fue constituida. Lo que resulta aún más increíble es que se le asigne el rol de jefa de la asociación por la mera aplicación de las reglas del derecho sucesorio y la aceptación de una herencia sin beneficio de inventario: los presuntos delitos cometidos por sus padres, a criterio de V.S., habrían sido heredados», apuntó el escrito de apelación presentado por Cristina Fernández sobre su hija.

Finalmente, la ex mandataria aseguró que son «falsos los trascendidos periodísticos» que indican que el patrimonio de Los Sauces S.A. no está declarado.

«Todos los inmuebles que componen el patrimonio de Los Sauces S.A. se encuentran declarados ante los organismos de contralor pertinentes, según la normativa contable vigente, siendo falsos todos los trascendidos periodísticos que pretenden poner en duda tal circunstancia. El origen lícito de los fondos con los que se adquirieron todas esas propiedades también se encuentra acreditado en la causa», apuntó.

Sobre el embargo de $130 millones, también apelado, Carlos Beraldi sostuvo que «se trata de otra medida sólo direccionada a causar impacto en la opinión pública». «Tanto mi defendida como su familia tienen todo su patrimonio embargado mediante un conjunto de decisiones judiciales prolijamente coordinadas y compatibilizadas con las que en forma directa adoptó el Poder Ejecutivo Nacional» , apuntó.