Detuvieron al sindicalista Omar «Caballo» Suárez

El extitular del gremio de los marítimos SOMU, Omar «Caballo» Suárez, quedó detenido en el marco de una causa en su contra por «obstrucción de vías navegables», mientras que está sospechado de manejos irregularidades con los fondos del sindicato.

La detención fue ordenada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien en febrero dispuso la intervención del SOMU, que terminará en algo más de dos meses, tras lo cual se realizó una auditoría que reveló irregularidades en el manejo de las cuentas del gremio.

Suárez fue apresado en las escalinatas de los tribunales de Comodoro Py adonde había concurrido para informarse sobre su situación procesal. Por el momento quedó detenido en la alcaldía del edificio a la espera de ser indagado, tras lo cual sería trasladado.

El fiscal federal Ramiro González le había requerido al Canicoba Corral que el sindicalista sea investigado por el presunto delito de haber sacado plata del sindicato marítimo a través de empresas controladas por gente de su entorno.

La denuncia contra Suárez fue realizada por la interventora del sindicato, la diputada nacional del PRO Gladys González, quien sostuvo que el objetivo de las maniobras era obtener el control accionario de la empresa Marítima Maruba SA, que posee el monopolio de transporte de cargo de las rutas marítimas y fluviales de Argentina.

«El fiscal creyó en el trabajo que venimos haciendo, soportando amenazas, presiones y un permanente accionar para obstruir la investigación. Esta nueva imputación contra Suárez y las instrucciones que solicita el fiscal como medidas probatorias nos permitirán avanzar aún más sobre la falta de transparencia en el origen de los fondos que se usaron para crear diferentes sociedades, que tienen como titulares al propio Suárez, a familiares y miembros de su entorno», dijo la diputada González, a los medios

Y agregó: «Esta resolución del fiscal da paso a las nuevas pruebas que hemos aportado que dan cuenta de conductas sospechosas relacionadas con el delito de lavado de activos, como: las mismas personas ocupando cargos directivos en las diferentes empresas, los mismos domicilios para las diferentes empresas, la falta de solvencia económica de los accionistas de las empresas para adquirir esas acciones, facturas correlativas, movimientos de dinero inusuales de dichas empresas, operaciones que no tienen nada que ver con el objeto social de la empresa etc. Todos actos contemplados en la resolución 121 de la UIF que nos alertan sobre la posible comisión del delito de lavado».

Las sociedades de las que se sospecha son Fundación Azul para el cuidado y la preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre; Marítima Maruba SA; Mercantes SA; Pescamarine SA y San Jorge Marítima SA; entre otras. La interventora del SOMU había señalado que la Fundación Azul, previo a que fuera designada una comisión interventora, estuvo presidida por el propio Omar Suárez y tuvo como tesorera a su hijastra María del Carmen Cabrera Peña.

La denunciante también señaló que Mercante SA tenía entre sus accionistas a Jorge Suárez, sobrino del «Caballo», y a Juan Manuel Medina, desplazado tesorero del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y hombre de confianza de su ex titular.

La diputada González sostuvo además que ni Jorge Suárez ni Juan Manuel Medina tenían una actividad económica legal, en relación de dependencia o en calidad de autónomos, «que les permitiera hacerse cargo de los fondos necesarios para incursionar en el negocio naviero», según recordó el fiscal.

El «Caballo» Suárez fue desplazado del SOMU en febrero de este año acusado de haberdesviado fondos del sindicato y fue imputado por el juez Canicoba Corral como presunto jefe de una asociación ilícita y por administración fraudulenta en perjuicio del gremio y su obra social.

En su declaración indagatoria en relación a ese hecho, Suárez rechazó «haber cometido delitos en perjuicio del Sindicato de Obreros Marítimos ni acto alguno que pueda ser calificado como infiel o abusivo».