El fiscal Campagnoli pidió la detención del jefe de la Policía de la Ciudad
Publicado: 24-04-2017
El fiscal José María Campagnoli pidió la detención del jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, quien estaba suspendido en sus funciones desde el sábado a partir de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta. «Para preservar una investigación judicial en la que está mencionado y la normal prestación del servicio de seguridad», se informó oficialmente.
La medida, que fue dispuesta a través del decreto 139/17 del jefe de Gobierno porteño por recomendación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, «preserva el principio de inocencia de Potocar y se adopta hasta tanto se resuelva su situación procesal» en una causa que tramita el juez de instrucción Ricardo Farías, indicó un comunicado de prensa difundido esta noche.
Mientras tanto, la conducción de la Policía de la Ciudad continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D’Alessandro.
La investigación a cargo de Farías, en la que interviene el fiscal Campagnoli, ya tiene a comisarios y a otros oficiales de menor rango procesados con prisión preventiva ante la presunción de que, desde la comisaría 35ta., solicitaban coimas a comerciantes y a cuidacoches a cambio de «protección».
Para el magistrado, todos los policías «organizaron una asociación que funcionaba paralelamente a la estructura de la seccional 35ta., con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra, para llevar adelante una pluralidad de planes delictivos con el objeto de percibir dinero indebidamente», según describió en uno de los procesamientos.
Entre las pruebas principales contra los uniformados, se encuentra documentación secuestrada en varios comercios de la zona como comprobantes de aportes a la «Asociación Amigos de la Comisaría 35», que habría sido una de las formas de canalizar las coimas, y lo que se trata de determinar es si Potocar, desde la Dirección General de Comisarías, fue beneficiado con las maniobras, dijeron fuentes judiciales.
Según esos documentos, los pagos que hacían los comerciantes iban desde los 2.300 a los 3.000 pesos y los «trapitos», para poder trabajar sin problemas, debían darle a la brigada de la comisaría entre 400 y 500 pesos por semana.
En esta causa, el 12 de abril último, el juez procesó y embargó por 350.000 pesos a la comisaria inspectora Susana Aveni como «jefa u organizadora» de la asociación ilícita y al subcomisario Marcelo Stefanetti como miembro.
La comisario, cuyo último cargo fue en el área de Narcocriminalidad de la Policía de Ciudad y el año pasado era jefa de una de las circunscripciones de la Capital Federal, fue apresada el 5 de abril en su domicilio de la avenida Pueyrredón al 300, en Balvanera, por efectivos de Gendarmería.
La jefa policial hace tres años fue reconocida y luego ascendida cuando era titular de la comisaría 47ma. y se hizo pasar por abogada en una toma de rehenes en Villa del Parque, ocurrida luego de que dos delincuentes armados irrumpieron a robar en un bar y se atrincheraron ante la llegada de la Policía.
La oficial era la superior directa del aún prófugo comisario Norberto Villarreal quien -según la investigación de Campagnoli- le ordenaba a los policías de la brigada de su seccional pedir dinero a comerciantes a cambio de «seguridad privilegiada» y también extorsionaban a «trapitos».
El 28 de marzo último, en el marco de esta misma causa, también fueron detenidos los subcomisarios Stefanetti, que se desempeñaba en la División Comando y Control del 911, y Hernán Kovasevich, de la División Antidrogas Especiales.
Ese día también quedó prófugo, al igual que Villarreal, otro subcomisario identificado como Alberto Codaro. En tanto, el juez Farías detuvo y luego procesó con prisión preventiva en noviembre último al sargento primero Adrián Otero, al cabo Alejandro Malfetano, al sargento Sergio Ríos y al suboficial escribiente Marciano Quiroga también por «asociación ilícita».
Tras los procesamientos, la causa fue enviada a la Cámara del Crimen para resolver las apelaciones de las defensas de los imputados, mientras que Farías ordenó nuevas medidas de prueba sugeridas por el fiscal para avanzar en la pesquisa.