Tucumán Pro Vida: el Poder Judicial pregunta a las empleadas por sus menstruaciones y abortos

En Tucumán el jueves debía ser tratado el proyecto de adhesión a la Ley Micaela, que establece capacitar en materia de género, a los integrantes de todos los poderes del Estado, falta decisión política para hacerlo.  El Poder Judicial tucumano, es uno de los que debe entender y atender el tema de género, y lo hace a revés de los tiempos que corren, incluso violando privacidad de las personas. Hace un tiempo comenzó a distribuirse un formulario, encargado por el titular del Ministerio Público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, quien cuando era fiscal criminalizó el «Caso Belén», la joven encarcelada por un aborto espontáneo. Dicho papel, tiene carácter de Declaración Jurada que deben responder quienes se postulan para ingresar al Poder Judicial de Tucumán, ya sea como empleada o como magistrada,  tendrá que contestar, si tuvo un aborto, cómo está su salud ginecológica, entre otras consultas que vulneran la intimidad de las postulantes. No es que esté dirigido sólo a las mujeres, sino que hace hincapié en cuestiones que hacen a la intimidad de las personas.

Fuentes gremiales judiciales de la «Cuna de la Independencia» de nuestro país, aseguran: «podemos  sospechar, pero no se entiende el argumento, de dicho polémico formulario. En los ministerios públicos, se maneja la discrecionalidad, no existen los concursos para ingresar ni a defensoría ni a fiscalías. Por lo tanto una persona que consigue que la designen, de manera discrecional por el defensor o por el fiscal, con tal de conseguir trabajo, puede llegar a renunciar a derechos que tiene como trabajadora y /o trabajador».

Hace un año la Legislatura local aprobó una resolución por la cual declaró  como «provincia pro vida» a Tucumán, pero esto no puede vulnerar, aún más, los derechos de las personas, es «inconstitucional».