Empleados de la Ciudad involucrados en una estafa

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa con fuerza un litigio que complica a ciertos empleados de Gabriela Michetti, quienes, según se comprobó, defraudaron a esa dependencia y de hecho, fueron condenados por ello.

Un fallo de la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, comprueba que Juan Manuel García, Agustín Edgardo Berón y Pablo Bertín, los dos primeros de estrecha confianza de la actual vicepresidenta, han provocado un perjuicio el erario del Gobierno de la CABA por un monto de $630.498,36, a través de maniobras que se extendieron desde el mes de agosto del año 2011 hasta el mes de abril del subsiguiente.

«Para tal fin, en el marco de la ley local N° 1.075, el imputado Berón, subsecretario de la Subsecretaría de Derechos Humanos del aludido gobierno, envió a la Subgerencia de Administración de Operaciones del Banco Ciudad de Buenos Aires diversas notas con el objeto de que debitara de la cuenta gubernamental N° 27.722/4 de la sucursal N° 111, denominada ‘GCBA Ex Combatientes de Malvinas Ley 1.075’, distintas sumas de dinero que debían acreditarse en favor de los beneficiados por los subsidios acordados a los ex combatientes de las Islas Malvinas en el marco de la normativa aludida, de acuerdo al fallo de marras».

Tales escritos llevaron los números 167, del 31 de agosto de 2011, por el monto de $156.854,92, que beneficiaba a Elena Mirta Antuña, viuda de Alfredo Américo Lamela; 229, del 1 de noviembre de 2011, por $178.365,61 en favor de Héctor Enrique Pérez Torello; 292, del 21 de noviembre de 2011, por $160.431, 98, destinada a Carlos García Lorenzo; y 293, del 29 de noviembre de 2011, por $134.839,85, que favorecía a Javier Marcelo Zylberberg, cuya apoderada era Mirta Graciela Zylberberg.

A su vez, Juan Manuel García, en su calidad de gerente operativo de programas especiales de la mencionada subsecretaría, reclamó la urgente generación de las respectivas tarjetas de extracción mediante correos electrónicos destinados al sector Implementación de Pagos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Organismos Públicos del Banco Ciudad, pues según expuso, los beneficiarios habían iniciado diversas denuncias ante la Defensoría del Pueblo.

«Conforme a la imputación formulada, García obtenía las tarjetas de débito y el número de identificación personal (PIN) era recibido en la Subsecretaría. Con tales elementos, Pablo Bertín, quien cumplía funciones ad hoc en esa dependencia, extraía en forma diaria el importe asignado como retroactivo para los beneficiarios de mención, quienes luego recibían una reimpresión de las tarjetas y nuevos números de PIN para cobrar los haberes mensuales respectivos», de acuerdo al mismo fallo.

El testimonio de una testigo llamada Elena Mirta Antuña, que puede verse a fojas 314/315, da cuenta de cómo se orquestó el fraude: todo empezó en el año 2007 cuando la mujer gestionó una pensión ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de que quien fuera su cónyuge, Alfredo Américo Lamela, era ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas y se domiciliaba en esta metrópoli.

«Mencionó la declarante que fue atendida por Juan Manuel García y como hacia el año 2011 no contaba aún con noticias acerca de su trámite, inició diversos reclamos que fueron atendidos por el veterano de guerra Pablo Bertín, quien le solicitó que no iniciara acciones legales y luego la llamó telefónicamente a su domicilio –por la noche- para informarle que en dos meses podría cobrar dos liquidaciones con la tarjeta que el Banco Ciudad le enviaría. Agregó la testigo que retiró la tarjeta pero como carecía de la identificación ‘PIN’, debió entrevistarse con Bertín, oportunidad en la que le dejó la tarjeta para ‘acelerar’ lo relacionado con dicha clave»

«A los diez días, acorde se expuso, fue convocada por Bertín a un bar de la calle Cerrito y recibió de él la suma de mil doscientos pesos en efectivo, ya que no era posible cobrar el retroactivo. Tal circunstancia no era verídica, pues luego de un tiempo después de que su interlocutor le restituyera la tarjeta y la habilitara con ella en un cajero, tomó conocimiento por un llamado de un representante del gobierno local que le iban a pagar quince mil pesos en tal concepto».

De lo antedicho hay incluso prueba documental. Parte de ella surge del informe remitido por el Banco Ciudad donde se refleja que el 7 de septiembre de 2011 se depositaron en la cuenta abierta a nombre de Antuña la suma de $156.854,92, que había sido requerida por Berón en la nota 167, del 31 de agosto de 2011, pese a que en la resolución N° 85/11 por la que se otorgó el subsidio gestionado, datada el día anterior, el nombrado sostuvo «que atento a la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del retroactivo correspondiente la fecha de inicio del trámite, se difiere el pago hasta tanto se cuente con nueva partida presupuestaria. Que tal medida se toma a fin de no dilatar el otorgamiento del subsidio a favor del cónyuge supérstite».

El fallo da cuenta en este punto cómo fue pergeñada la estafa: «Se permite concluir en que a través de los distintos roles que desempeñaron conforme a la escala jerárquica que ostentaban –en el caso de Bertín como un agente ad hoc de la subsecretaría- los imputados desviaron en su favor las sumas de dinero correspondientes a las devengadas como retroactivo del subsidio acordado a la señora Antuña de Lamela y para ello, en la misma resolución que concedió el beneficio, se consignó la imposibilidad de afrontarlo por falta de fondos, y bajo el conocimiento de la clave PIN y la Tarjeta Prepaga que le fue solicitada a la beneficiaria, se extrajeron los fondos por cajero automático, de modo que cuando le fue restituido la tarjeta a aquélla, la cuenta sólo contaba con el monto del pago mensual estipulado».

Uno de los damnificados Según la declaración testifical de tal beneficiario (fs.304), en el mes de noviembre de 2011 fue convocado a la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, donde se le comunicó el otorgamiento del subsidio y se le entregó en un sobre cerrado una tarjeta para su percepción y la correspondiente clave «PIN».

«A partir de allí, conforme explicó, cobró los sucesivos montos devengados sin conocer la existencia de un depósito preexistente en concepto de una suma retroactiva, precisamente la que se consignara en la decisión por la que se otorgara el beneficio, la que nunca se le exhibió», de acuerdo a la sentencia ad hoc.

Finalmente el fallo dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Agustín Edgardo Berón, Juan Manuel García y Pablo Bertín en orden al delito de fraude en perjuicio de una administración pública «en concurso ideal con defraudación mediante la utilización no autorizada de datos de tarjetas de débito, mandándose trabar embargo sobre sus respectivos bienes por la suma de un millón de pesos -$1.000.000-, cuyo mandamiento se librará en la instancia anterior».

Los jueces firmantes de la sentencia son Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Marcelo Alejandro Sánchez.