LA ESTATUA DE COLON RUMBO A MAR DEL PLATA

El monumento de Cristóbal Colón fue finalmente removido hoy de los jardines de la Casa Rosada por orden de la Presidencia, luego de los cruces con el Gobierno porteño por su eventual traslado a la ciudad de Mar del Plata.
La estatua de Colón fue retirada con una grúa de la plaza que se encuentra detrás de la Casa Rosada y, según informaron los ingenieros encargados de la obra, el objetivo sería restaurarla ante un «riesgo inminente de colapso» por la falta de mantenimiento y sucesivas agresiones a su estructura.
De todas forma, el Gobierno ya anunció su voluntad de reemplazarla por una de Juana Azurduy, que fue donada por el gobierno boliviano, para lo cua la original se mudaría al «Paseo de la Historia Latinoamericana», en Plaza Colón frente al Casino de Mar del Plata.
Los trabajos comenzaron cerca del mediodía, cuando un grupo de operarios comenzó a amarrar la estatua, lo que fue rápidamente difundido a través de redes sociales junto con una convocatoria de protesta a plaza, en repudio a la iniciativa.
A fines de mayo último, un fallo de la jueza en lo Contencioso y Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal había ordenado al Poder Ejecutivo abstenerse de concretar cualquier acto que implicara el traslado del monumento.
A pesar de ello, la Casa Rosada había ratificado su intención de avanzar con el retiro de la estatua: incluso, el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, se reunió con representantes de la colectividad italiana, a quienes explicó detalles de la restauración junto a profesionales y especialistas de la Universidad Nacional de La Plata, quienes dieron la explicación técnica del estado de la escultura.
El monumento, que fue donado para el Centenario de la Independencia, nunca tuvo tareas de mantenimiento tras haber sufrido los bombardeos a Plaza de Mayo de 1955, un atentado explosivo en 1987, el tránsito de vehículos pesado, explicaron los arquitectos, peritos e ingenieros que realizaron un estudio de la estructura.
Al conocer la remoción, el defensor adjunto del pueblo porteño, Atilio Alimena, denunció que se trata de «una clara violación a la Constitución y un atropello contra la Justicia que ordenó mantenerlo ahí, salvo que haya necesidades estrictas de intervenir, cosa que no pasa ahora».