Ley de Emergencia Social: el Gobierno reglamentó por decreto la prórroga hasta el 2019
Publicado: 10-03-2017
El gobierno nacional reglamentó mediante el decreto 159/2017 la ley N° 27.345 que estableció la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019, para detallar las funciones y objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, ambos dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
La cartera manejada por la ministra Carolina Stanley determinará entonces los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos de ese Consejo, que establece un Registro Nacional de la Economía Popular, cuyos trabajadores admitidos, bajo parámetros establecidos, podrán acceder a un Salario Social Complementario.
En el decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno define la Economía Popular como “toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar”.
“La Economía Popular se desarrolla mediante proyectos económicos de unidades productivas o comerciales de baja escala, capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo”, indica el texto.
Asimismo, establece que el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario tendrá entre sus funciones: Diseñar y proponer los criterios y mecanismos de inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el REGISTRO NACIONAL DE LA ECONOMÍA POPULAR.
Promover criterios unificados de elegibilidad y priorización para acceder al Salario Social Complementario.
Proponer mecanismos ágiles para la formalización, regularización y promoción de las unidades económicas de la economía popular.
Formular propuestas y recomendaciones de carácter no vinculante al Poder Ejecutivo referidas a los derechos enunciados en el artículo 2° de la Ley N° 27.345 (que establece el objetivo de promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el territorio nacional).