Multas de hasta $7.000 por exceso de velocidad en Acceso Norte y Oeste

La Agencia Nacional de Seguridad Vial comenzó a sancionar a los vehículos que superen las velocidades permitidas. A través de un trabajo articulado entre la Concesionaria Vial y los municipios, aquellos conductores que excedan los límites de velocidad deberán pagar una multa que va desde los 3.500 a 7.000 pesos. Desde la ANSV, se aumentaron los controles de velocidad para reducir los incidentes viales en Acceso Norte y Oeste. Los municipios aledaños a la traza de Panamericana pusieron a disposición sus radares móviles para incrementar la fiscalización y la prevención. De esta forma, los conductores serán controlados en diferentes puntos con el fin de generar un cambio de conducta y mayor respeto por las normas de tránsito. Desde enero a noviembre de 2019, se detectaron 751.937 vehículos que excedieron el límite de velocidad permitido, sin embargo, los conductores no fueron notificados debido a la falta de coordinación entre el gobierno nacional y provincial. Ahora, aquellos conductores que pongan en riesgo su vida y la de los demás excediendo el límite de velocidad deberán las multas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los excesos de velocidad causan uno de cada tres siniestros de tránsito en el mundo. A su vez, a medida que se aumenta la velocidad, también se incrementan las probabilidades de tener una colisión con lesiones de diferente gravedad. En este contexto, la colocación de radares es la principal herramienta para disminuir los incidentes viales que son ocasionados por no respetar las velocidades máximas. El uso de esta tecnología permite poder ampliar el control en todo el territorio y dedicar los recursos humanos a aquellas tareas donde la tecnología no puede resolverlo como por ejemplo los controles de alcoholemia y estupefacientes, orientar al tránsito cuando hay problemas, etc. La Agencia Nacional de Seguridad Vial autoriza y homologa la colocación y el uso de radares sobre rutas nacionales de todo el país conforme con las leyes 24.449 y 26.363. Además, estos dispositivos están sujetos a controles previos a su puesta en funcionamiento por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como así también a verificaciones anuales que determinan la vigencia de uso.