Obra Pública: Laura Alonso advirtó que Cristina Fernández podrían ser condenada a 50 años de cárcel

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, consideró que los procesados por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz -entre ellos la expresidente Cristina Fernández y el detenido ex ministro Julio De Vido, deberían ser condenados con «el máximo de pena» prevista para el delito de administración fraudulenta en medio centenar de ocasiones «que suman 50 años de prisión».

Así lo expresó luego de que la OA, en su condición de querellante en ese expediente, presentara ante el juez federal Julián Ercolini el pedido de elevación a juicio oral y público de la causa por los delitos de «asociación ilícita» y «administración fraudulenta», en hechos tomados como aislados por cada obra pública.

De acuerdo con la solicitud de la Oficina Anticorrupción, que debe ser evaluada por el magistrado, del mismo modo que los pedidos de las demás partes, la ex mandataria debería sentarse en el banquillo de los acusados junto al ex ministro Julio De Vido, el también detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y el también detenido empresario Lázaro Báez, entre otros acusados en este expediente.

«Cristina va a estar en juicio oral, en el banquillo de los acusados junto a De Vido, José López. En diez meses debería fijarse fecha. La novedad es que la OA acusa a la expresidente y a toda la banda por al menos 51 contratos. Se le pide el máximo de la pena que, cuando se suman todos los delitos, son 50 años», aseguró Laura Alonso.

Se trata de la causa que tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, la misma en la que, semanas atrás, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento de la ex mandataria por los presuntos delitos de «asociación ilícita» y «defraudación al Estado». En la presentación realizada hoy, la OA pidió la elevación de juicio y sostuvo que la ex mandataria «continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner», para «beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos de la Dirección Nacional de Vialidad».

Al fundamentar la decisión de la OA, Alonso precisó que «vamos por eso porque hay un viejo fallo de la Corte Suprema menemista que permitió a todos los corruptos, excepto María Julia Alsogaray zafar de la prisión, firmado por el entonces presidente del máximo tribunal, Julio Nazareno por el ‘caso Pompas’ que dice que en realidad se tiene que juzgar por un sólo hecho aunque haya 52 fraudes».

De esta manera, la funcionaria hizo referencia a una polémica resolución de la Corte Suprema que derivó a fines del 2002 en la atenuación de la figura delictiva -con la consecuente definición de jurisprudencia- que pesaba sobre el ahora fallecido banquero Jaime Pompas por el vaciamiento del Banco Social de Córdoba. «Queremos cambiar la jurisprudencia para que todos los corruptos vayan presos. Queremos cambiar esa nefasta jurisprudencia para llevar a juicio oral y lograr las condenas en el caso de las 51 administraciones fraudulentas» en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, precisó Laura Alonso.

Consultada sobre si existe la posibilidad de que se pida el desafuero de la senadora nacional electa y ex presidenta Cristina Fernández, Alonso dijo que «no es un tema en este momento», pero no descartó que, más adelante, se pueda solicitar esa medida al juez «si sospechamos que está haciendo cosas para entorpecer la investigación

F: Télam