Piden rechazar acuerdo entre el Estado y Franco Macri

Gabriela Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, pidió rechazar la propuesta de pago que Correo Argentino S.A. le hizo al Estado en junio, en el marco de un concurso preventivo. “El acuerdo equivale a una condonación, es decir una especie de perdón de la deuda, y es abusivo”, dijo.

La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033, según cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.

Boquín advirtió que un funcionario del Ministerio de Comunicaciones dio el consentimiento al acuerdo en representación de Estado “sin tener competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones”.

“La familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., que a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.“, señaló la fiscal en su escrito. Sin embargo manifestó que, durante el concurso, el juez pidió información sobre la participación del papá del Presidente, Franco Macri, en la compañía y la empresa contestó que no es directivo de Correo Argentino SA ni ocupa cargos gerenciales.

En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de homologación- analizó la última propuesta que hizo la compañía en la audiencia de junio del 2016, que se hizo a pedido del Estado Nacional por ser titular del 32,65% del pasivo concursal.

En una ampliación al dictamen, la fiscal general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI. “El porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-“, detalla el informe.

Gabriela Boquín afirmó que la nueva propuesta que aceptó el Ejecutivo “implica un perjuicio fiscal y perjudica el patrimonio del Estado Nacional”.

Texto completo:

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo. La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva” en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Asimismo, la representante del MPF advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de homologación- analizó la última propuesta realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio Estado Nacional siendo este titular del 32,65% del pasivo concursal.

La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI de la Procuración General de la Nación: la segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia- “mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, aseveró Boquín.

En una ampliación al dictamen presentada ayer, la fiscal general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI, de los que surge “el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.

Conflicto de interés

Por otra parte, la fiscal general consideró que el consentimiento fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo -el Dr. Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180 días-, en virtud de que debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.

Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

“En efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él [en referencia a Mocoroa], podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la fiscal. Y precisó: “En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”. Por ese motivo, solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines que su titular estime corresponder”.

En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos públicos destinados a la satisfacción del bien común, por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico y con principios orientados a la preservación de dichos intereses generales”.

Finalmente, Boquín formuló reserva para acceder por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria a lo dictaminado.