Proyectan bajar la edad de imputabilidad de los menores de de 16 a 14 años

Cuando vuelva de sus vacaciones, uno de los primeros decretos que firmará Mauricio Macri será para oficializar la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil.

El equipo estará integrada por jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación, salud y estará coordinado por un representante del Poder Ejecutivo. Allí se tendrán en cuenta los testimonios que dejaron el año pasado representantes del Poder Judicial y de procuradurías de todas las provincias en diversas jornadas de debate organizadas por la Subsecretaría de Política Criminal, a cargo de Martín Casares.

La intención de la Casa Rosada es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas.

Para los casos de jóvenes entre 14 y 16 años, la carga de la prueba sea de la fiscalía para demostrar que el autor comprendía la criminalidad del acto, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las causas. Entienden en Justicia,que si bien la realidad cambió, todavía puede haber casos de chicos de 15 años que “por una cuestión de maduración” no comprenden la criminalidad de sus actos, según publica el Diario Clarín.

“La realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes. Nuestro objetivo es que en el futuro haya menos jóvenes en conflicto con la ley penal; que cada vez sean más los que estudien y trabajen y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica”, remarcó el ministro de Justicia, Germán Garavano.

L intención oficial es que el nuevo régimen penal juvenil esté orientado esencialmente a la reinserción de los jóvenes más que al castigo y el cumplimiento de una condena. Por eso, la comisión también deberá enfocarse en el tratamiento que se les dará a esos jóvenes. Sin apartarse, claro, de la Convención sobre los Derechos del Niño -en Argentina tiene jerarquía constitucional- que establece que los menores de edad deben cumplir sus penas apartados de adultos y no pueden ser castigados en ningún caso con prisión perpetua.