Martes 04 de Febrero de 2025

Tucumán: Alperovich ‘decretó’ un aumento. Denunció a los policias. Hay orden de desalojo. Saqueos y violencia. Víctimas fatales

Publicado: 10-12-2013

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Protestas, ataques y caos. Tucumán se encuentra conmocionada y paralizada debido a los saqueos que se producen desde ayer, en medio de un conflicto entre el Gobierno y la Policía, que reclama un incremento salarial.

Al menos dos personas murieron y cerca de 100 resultaron heridas tras los desmanes en decenas de supermercados, almacenes y comercios de otros rubros del Gran San Miguel de Tucumán y de otros puntos de la provincia.

La distribuidora mayorista de Sancor, ubicada en Banda del Río Salí, sobre la ruta de empalme que lleva a la ruta 9, es escenario de una batalla campal entre empleados de la firma y vecinos contra los saqueadores. Los vándalos lograron ingresar y robar mercadería, pero los empleados de la distribuidora lograron repelerlos

La tensión ha crecido a tal punto, que le propio arzobispo de Tucumán ofreció su intervención para abrir el diálogo. Monseñor Alfredo Zecca dialogó con los amotinados en la sede de la Jefatura de Policía. Luego el prelado se dirigió a Casa de Gobierno para hablar con las autoridades y finalmente se retiró al Arzobispado.

Los amotinados rechazaron hoy, por segunda vez, la propuesta realizada por el Ejecutivo para destrabar la situación. Al ofrecimiento de anoche, de elevar de $ 7.000 a unos $ 8.500 el sueldo de bolsillo de un agente, se propuso, además, reincorporar a tres policías cesanteados y otros beneficios. Sin embargo, los uniformados, que se manifiestan frente a la Subjefatura, insistieron con un piso de $ 12.000, además de otras reivindicaciones.

Con el conflicto policial sin resolver, el Gobierno pidió la asistencia de Gendarmeria. Con la llegada de refuerzos desde Santiago del Estero, unos 500 gendarmes recorren las calles para intentar controlar los ataques.

El Gobierno solicitó formalmente a la Justicia provincial el desalojo inmediato de los uniformados acuartelados en la Subjefatura de Policía. El pedido fue formulado por el Fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, a la fiscala de turno, Adriana Reynoso Cuello, a quien también le requirió que, de resultar pertinente, «se tomen las medidas necesarias a los efectos de evitar la producción y continuidad de la posible comisión de los delitos de Sedición (artículo 229 del Código Penal) e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (artículo 250 del CP) que pudieren encontrarse desplegando».
 
Se convocó a una sesión en la Cámara, y la intención del oficialismo es darle fuerza de ley al DNU. Además, está previsto que se emita una resolución en la que se repudien los hechos sucedidos.

 
«No pondremos en tela de juicio el pedido salarial de los policias, pero la provincia quedó desprotegida», advirtió el alto vocero. En paralelo, se prevé que todos los Concejos Deliberantes de la Provincia sesionen para aprobar una resolución en respaldo a las instituciones democráticas.